El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Marco Baldivieso, manifestó que en el país se vive una preocupante ausencia de institucionalidad e independencia de los órganos del Estado, en particular el sistema judicial que atraviesa por una “crisis profundísima”.

Baldivieso se refirió al tema en un escenario de cuestionamientos a la imparcialidad del Ministerio Público, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

“El sistema judicial está en una crisis profundísima, vemos corrupción por todo lado, la aspirante a juez con el chancho en la mano, los otros aspirantes a vocales con las preguntas que ya se les habían facilitado”, es realmente “preocupante”, sostuvo el exmagistrado.

Lamentó que en vez de que la Justicia sea el “antídoto” o la “solución” a las dificultades en coyunturas difíciles, se haya convertido en uno más de los problemas por resolver.

Argumentó que este escenario es producto de la ausencia de institucionalidad en el país y la falta de independencia de los órganos del Estado. “Hay una falta institucionalidad en todo”, declaró.

Observó que el Ministerio Público pretenda cerrar el caso “fraude electoral” en base a un informe pericial del “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España; y prácticamente “desechar” la auditoría que hicieron más de 30 expertos de la Organización de Estados Americanos.

“No hay institucionalidad, hablando del Ministerio Público los fiscales ni siquiera egresaron de la Escuela de Fiscales, son interinos, son parte de un grupo de amiguitos”, comentó el abogado y exmagistrado del TCP.

En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional dijo que “ya no es el guardián de la Constitución Política del Estado”, el garantista del cumplimiento de la Carta Magna, porque es usado para la hegemonía del Órgano Ejecutivo.

Se refirió en esos términos porque cuatro vocales del Tribunal Electoral Departamental de Beni fueron cesados en sus funciones, luego que una Sala Constitucional de ese departamento anuló el proceso de selección de postulantes al TED hasta el vicio más antiguo.

Asimismo, seis vocales de los Tribunales Electorales Departamentales fueron destituidos de sus cargos, por decisión del presidente Luis Arce. Ninguno de ellos había renunciado, tampoco fueron procesados. La Ley del Órgano Electoral prevé la inamovilidad de estos funcionarios y las causales para terminar su mandato.

“La inamovilidad es una garantía para el ejercicio de la función pública. Pero al Gobierno le interesa tener personas que pueden ser manipuladas y obedezcan sus instrucciones”, sostuvo, al señalar que la destitución de los seis vocales es ilegal y contraria a la CPE. 

Considera urgente solucionar los problemas de falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía en los órganos del Estado, en particular en la Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. “Necesitamos devolverle a la ciudadanía la confianza en sus jueces, en los fiscales, y esto pasa por la institucionalización”.

Comentó que es tarea del Gobierno y de los partidos políticos acciones concretas para recuperar la institucionalidad en el país.