Rosario Baptista fue elegida, designada y posesionada en diciembre de 2019 por un periodo de seis años. Este 11 de noviembre presentó, al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, su carta de renuncia al cargo, denunciando que no es posible continuar en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial.

“No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni legitimarlo con mi presencia, por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal, que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa”, en estos términos presentó Baptista su dimisión a la Asamblea Legislativa.

En la misma, alega que le es imposible continuar en una institución que carece de independencia e imparcialidad, donde el cumplimiento de sus funciones se ha visto coartado por una “visión cerrada y dogmática”, que responde a un clima de agresividad que emana del Órgano Legislativo, el que se traduce en la falta de diálogo, de una agenda común y la negación de una discusión política propia de la democracia, “y un accionar más bien sometido a la corriente autoritaria y antidemocrática que gobierna el país”.

“El Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos, de la misma manera que lo están los demás poderes del Estado. Es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial…”, afirma en su misiva.

Asegura que en esas condiciones “es imposible la tutela” de los derechos políticos y de identidad, y menos aún la preservación de la institucionalidad democrática.

Para Baptista, el desmantelamiento de la democracia ha dejado el “voto como único elemento sobreviviente”, pero bajo las condiciones legales, técnicas e institucionales lo convierten en algo “nominal ya que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no solo a través del resultado electoral, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar en el poder al partido gobernante, al que están obligadas a responder todas las autoridades públicas”.

Recordó que los funcionarios están obligados a responder al Movimiento al Socialismo porque así lo determina explícitamente su Estatuto Orgánico, el que fue registrado por el Tribunal Supremo Electoral, decisión en la que expresó su voto disidente con fundamento en el derecho.

Denunció que en las elecciones de 2020 “se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político, que bajo las condiciones actuales nunca perderá́ una elección”; manifestó que “desmontar todo este sistema” requiere un Órgano Electoral realmente independiente.

Baptista está sometida a dos procesos disciplinaros en el TSE y un proceso penal en la vía ordinaria. En los procesos disciplinarios fue suspendida en el ejercicio de sus funciones, advierte que también corre el riesgo de ser destituida y sancionada sin fundamento jurídico. 

“Asimismo, la investigación penal abierta en el sistema judicial sometido al poder político, por habilitar una candidatura en ejercicio de nuestra función jurisdiccional como miembros de un Tribunal Supremo, pone en riesgo mi libertad, mi seguridad y mi integridad”, detalla en su carta, lo que califica como actos de acoso y persecución.

Invocó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que cumpla el mandato que le ha dado el pueblo y garantice que las leyes que emita respondan solamente a la libertad y la dignidad de la gente, no de un partido político, y que sean respetadas y cumplidas, para recuperar el Estado de Derecho, restablecer la justicia y las efectivas garantías constitucionales, para el ejercicio pleno de los derechos humanos, en libertad.

“Libere al Órgano Electoral, al Órgano Legislativo, al Órgano Judicial y a todo el sistema de administración de Justicia, para que respondan a los principios de integridad, independencia e imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no al interés de la impunidad de quienes detentan y detentaron el poder, utilizándolo como herramienta de extorsión y persecución”, proclamó Baptista al final de su nota.

El 5 de noviembre de 2020, la todavía vocal del TSE pidió una auditoría de las elecciones generales, del 18 de octubre, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su argumentación dijo que se tendría que investigar la posible existencia de una “data alterna”, “un bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto, fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad de este padrón y en esta y otras elecciones pudieran haber inducido y condicionado su resultado final”.

Fotografía: Erbol