13 de octubre 2021 – OCD Bolivia

La conmemoración de la recuperación democrática encontró al país en medio de un escenario de polarización alentado por dos visiones que bajo diferentes argumentos alegan defender la vigencia de la democracia 

El 10 de octubre se conmemoró 39 años desde que Hernán Siles Suazo fue elegido presidente, el primer gobierno democrático después de un largo proceso de dictaduras militares en el país.

A casi cuatro décadas, el país atraviesa situaciones de polarización, dos visiones están enfrentadas en medio de un ambiente de conflictividad y movilizaciones..

Al menos once sectores están enfrentados contra el gobierno de Luis Arce. Por un lado están los indígenas de tierras bajas con sus demandas y, por otro,  los gremiales, cívicos, plataformas, empresarios, iglesias evangélicas, organizaciones de prensa muestran un rechazo del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y la “persecución política”.

La marcha indígena, que salió de Trinidad y tardó 37 días en llegar a Santa Cruz, tiene una agenda de 16 temas.. A 11 días de su arribo, el Gobierno no aceptó el diálogo en las condiciones que propusieron los originarios.

Sus demandas tienen que ver con el respeto de sus territorios, el ejercicio de sus derechos políticos a través de una equitativa distribución de escaños indígenas, educación, salud y administración de justicia, entre otros.

Por otro lado, está aún latente el conflicto cocalero de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas. Dos facciones pugnan por el control del mercado de coca en Villa Fátima, La Paz y exigen la no intromisión gubernamental. Durante dos semanas, ambos bandos se enfrentaron con la Policía que resguardaba la Adepcoca, que fue tomada el 21 de septiembre por la facción afín al Gobierno. Esta semana los cocaleros contrarios al oficialismo retomaron el control de la sede, este martes, el dirigente cocalero afín al Gobierno, Arnold Alanes, inauguró el mercado paralelo para el comercio de la hoja de coca producida en la región de Yungas, hecho que podría generar aún más enfrentamientos.

Otro frente de conflicto se abrió con la aprobación del proyecto de ley de legitimación de ganancias y financiamiento al terrorismo. Varios sectores, al menos nueve han expresado su rechazo y protagonizaron movilizaciones. Argumentan que el proyecto vulnera derechos fundamentales y rompe con la presunción de inocencia. La Confederación de Iglesias Evangélicas pidió “archivar” el proyecto porque atenta contra los derechos a la privacidad profesional, a la propiedad privada, entre otros.

La Confederación Nacional de Gremiales está en emergencia y anunció  nuevas  movilizaciones si no se anula la ley de Estrategia nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y no se archiva definitivamente el proyecto del mismo nombre. El dirigente César Gonzales dijo que es un proyecto demasiado amplio que afectará a varios sectores. “Es una llave” que abrirá una serie de violaciones a los derechos, protestó.

El presidente del Comité Cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, afirmó que esta norma no puede continuar su tratamiento en la Cámara de Senadores, y advirtió que el contenido del proyecto se asemeja al modelo cubano de control y vigilancia sobre la vida de las personas.

La Confederación de Profesionales, la Confederación de Empresarios Privados, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y plataformas ciudadanas advirtieron que la norma contiene artículos que afectan los derechos y garantías constitucionales por la ambigüedad e imprecisión de su redacción y ponen en indefensión a los ciudadanos y a empresarios.

Las esposas de los policías y militares también se movilizaron en contra de la “persecución política” a los efectivos identificados por participar en la crisis de 2019. “El gobierno está amenazando y provocando al pueblo boliviano con estas acciones que nos quieren enfrentar”, denunció Guadalupe Cárdenas.

Los políticos con representación parlamentaria como Comunidad Ciudadana y Creemos van más allá de sus críticas a la normas y proyectos, sostienen que el Gobierno apunta a un debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho. El líder de la opositora CC, Carlos Mesa, responsabilizó al gubernamental MAS y al presidente Luis Arce de la “destrucción de la institucionalidad democrática”.

La narrativa de “fraude electoral” aviva a los sectores que aseguran que en el país, en octubre y noviembre del 2019, hubo un movimiento ciudadano en contra del “fraude” a raíz de la insistencia del MAS de buscar la reelección para un cuarto mandato de Evo Morales. Al otro lado de la vereda, el oficialismo lo tilda de un “golpe” que sacó del poder a un gobierno legalmente constituido, para instalarse un gobierno “de facto”.

El MAS se moviliza en defensa del Gobierno

Para contrarrestar estas medidas de presión el líder del MAS, Evo Morales, llamó a sus organizaciones sociales a defender al gobierno de Luis Arce y a su modelo de la revolución democrática y cultural, además de un desagravio de la wiphala.

En el MAS sostienen que existe un intento de “desestabilización” al Gobierno, pero que ahora están preparados para que no sucedan hechos similares a los del 2019. Recuerdan que el gobierno de Arce ganó las elecciones con el 55% en las elecciones de octubre de 2020.

Fotografía: Periódico Opinión – Bolivia.