Pastor Iva marchó en 1990, ahora lo hizo nuevamente, afirma que es en defensa de sus territorios y la libre determinación de los pueblos indígenas; lamenta que no se cumpla la Constitución Política del Estado, ni las leyes respecto a sus derechos.

Fuente: OCD Bolivia, 14 de octubre

En 1990, los indígenas de tierras bajas protagonizaron la denominada marcha “Por el Territorio y la Dignidad”; 31 años después, los marchistas de ese tiempo, sus hijos y sus nietos volvieron a usar este método de protesta para exigir al Gobierno respeto a sus territorios.

El 25 de agosto partió la marcha indígena de Trinidad a Santa Cruz y llegó el 28 de septiembre. A lo largo de los 37 días de caminata, elaboraron una agenda de 16 demandas dirigidas en particular al Gobierno central. Una de las principales preocupaciones es el avasallamiento a sus territorios.

“Nuevamente estamos muy preocupados por las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) por nuestras tierras y territorios. Los indígenas siempre vamos a proteger el habitat y los recursos naturales, porque es nuestra casa. Ahí vivimos”, dijo la presidenta de la Central de Mujeres Indígenas del Beni, Verónica Mae.

Pastor Iva marchó en 1990, ahora lo hizo nuevamente. Afirma que es en defensa de sus territorios y la libre determinación de los pueblos indígenas; lamenta que no se cumpla la Constitución Política del Estado, ni las leyes respecto a sus derechos.

Bolivia reconoce la existencia de 36 pueblos indígenas, 34 están entre el oriente, la Amazonía y El Chaco; muchos viven en situaciones de pobreza y en asedio constante por personas ajenas a sus territorios, los “interculturales”.

Para los indígenas el respeto a sus territorios es la única forma de garantizar su sobrevivencia, lo otro es perder su identidad, su cultura y su lengua y, en definitiva, la extinción de las naciones originarias, sostiene el presidente de la Subcentral TIPNIS, Benigno Noza.

La marcha demanda que el Gobierno atienda sus derechos políticos, civiles, sociales; asimismo, la abrogación de leyes o normas que afectan a los pueblos indígenas; la atención a la titulación de sus tierras o, en su caso, la anulación de los asentamientos ilegales; y la paralización de la actividad extractiva en sus territorios, entre varias otras demandas.

Fotografía: ANF – Agencia de Noticias Fides