La reforma judicial en Bolivia es “esencial” y “determinante” para garantizar los derechos fundamentales, de no concretarse después de las recomendaciones que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), estaremos frente a un Estado totalitario, advirtió el exfiscal general de Bolivia, Pedro Gareca.

El jurista constitucionalista sostuvo que la voluntad política es fundamental para avanzar en este proceso, con amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos, en un momento en el que “la justicia está totalmente deficitaria en el orden internacional y nacional”.

Considera “urgente”, “esencial” y “determinante” avanzar en las reformas, a pesar de los procedimientos complejos para llevar adelante una reforma constitucional que modifique -por ejemplo- la forma de elección de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

“Si no se toma con seriedad y responsabilidad una reforma judicial, si no se toma ese camino estaríamos prácticamente camino a la restricción de mayores derechos, y a la restricción y limitación de mayores derechos fundamentales”, sostuvo en contacto con la OCD Bolivia.

Detalló que en un Estado en el que no se garantizan los derechos fundamentales de las personas, como la libertad, la vida, la salud, el derecho a la libertad de expresión, de opinión, el derecho de asociación, de reunión, de manifestación y de protesta, “entonces ya no estamos frente a un Estado de derecho, sino estaríamos frente a un Estado totalitario. Y eso sería gravísimo”.

Gareca señaló que, si las autoridades nacionales no llevan adelante la reforma a la justicia, las organizaciones de la sociedad civil y políticas deben impulsar mecanismos que propongan un sistema de consulta como un referéndum nacional, “pero hay que darle constitucionalidad y legalidad”.

Planteó que uno de esos mecanismos puede ser una consulta a través de herramientas digitales, “Se puede llevar a cabo a través de una manera virtual. Yo no encuentro otro mecanismo, a no ser que el Gobierno asuma su responsabilidad y emprenda la conformación de una comisión nacional” con diversas instituciones académicas, asociaciones, sociedad civil que viabilicen este proceso.

Al profundizar en los cambios a la justicia, Gareca sostiene que no solo se trata de cambiar el modelo de elección de magistrados que “ha fracasado”, sino que pasa por modificar las normas, códigos y procedimientos; además de los tipos penales ante la ambigüedad de muchos, para “evitar los abuso que se están empezando a cometer”.

“Soy partidario de que se estudie una modalidad meritocrática, pero el Legislativo tendría que desligarse del monopolio de la selección”, sostiene el exfiscal general.

Actualmente los magistrados son elegidos por voto, de listas seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los últimos dos procesos el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) definió la selección.

Hay una degradación ética y moral

Para Gareca la única forma de garantizar la imparcialidad, la objetividad y la legalidad en todos los procesos judiciales es contar con juristas probos, competentes, imparciales, designados a través de un sistema meritocrático. 

“Entre tanto tengamos jueces ajustados a la Constitución Política del Estado, a los tratados internacionales, al sistema interamericano; pero si no tenemos esa calidad de jueces vamos a continuar con esta situación que es muy lamentable”, afirmó.

Lamentó que la administración de justicia esté pasando por uno de sus “peores momentos”; sostuvo que antes había retardación de justicia, no había acceso igualitario a la justicia, corrupción, tráfico de influencias, “pero no en la proporción que existe ahora. Hoy se ha vuelto tóxico, porque los fiscales están al servicio del partido político y no de la sociedad”, comentó.

“Todos deben actuar en función de la Constitución, bajo principios y valores, respetar los derechos del demandante y demandado, y eso debe garantizar una autoridad que realmente ha jurado defender la Constitución”, explicó.

Respetar el principio de la presunción de inocencia evitaría las detenciones indebidas, ilegales y abusivas, violadoras de los derechos humanos, que actualmente se ha convertido en una práctica que ha sido advertida por el GIEI. “Es preocupante. No había pensando jamás llegar a estos límites”, insistió.

Pero, además, cree que a todos estos factores se ha sumado un tema fundamental que es la “degradación moral en las instituciones judiciales”, carentes de valores éticos y morales.