La Paz, 4 de febrero de 2026 .-

La Fundación Jubileo y Construyendo Redes para el Desarrollo presentaron formalmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, resultado de un proceso de más de tres años de investigación, debate social y construcción colectiva con actores de la sociedad civil, periodistas, universidades y legisladores de distintos niveles del Estado.

Esta iniciativa surge ante la falta de una normativa que garantice a los bolivianos el acceso a la información pública. Bolivia es uno de los pocos países de América Latina que aún no cuenta con una ley específica que garantice este derecho, pese a que el acceso a la información está reconocido en la Constitución Política del Estado y en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En los últimos 24 años, al menos 10 proyectos de ley sobre acceso a la información fueron impulsados por el Ejecutivo, legisladores y la sociedad civil, sin que ninguno haya logrado convertirse en ley. Este antecedente evidencia que tanto el Estado como la sociedad reconocen la necesidad de esta norma, que hasta ahora no se ha podido concretar.

Frente a esta deuda histórica, el anteproyecto presentado por Jubileo y Redes fue construido desde el debate social y la iniciativa legislativa ciudadana, en el marco del artículo 162 de la CPE. Entre 2022 y 2023 se desarrolló una etapa de investigación normativa y legislación comparada, seguida de talleres ciudadanos y espacios de consulta en ocho ciudades del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, Potosí, Sucre, Tarija y Oruro. En total, se realizaron 21 eventos con sociedad civil e instituciones, periodistas y representantes de gobiernos municipales y departamentales, además de talleres específicos con legisladores y un taller nacional de revisión del texto.

Este proceso permitió socializar, ajustar y fortalecer técnicamente la propuesta, hasta consolidar un texto que responde a estándares internacionales y a la realidad boliviana. Las instituciones impulsoras destacan que la aprobación de una ley de acceso a la información no solo permitirá garantizar el derecho de acceso a la información pública, sino que fortalecerá otros derechos fundamentales como el control social, la participación ciudadana, la consulta previa libre e informada y la posibilidad de emitir un voto responsable en futuros procesos electorales.

El anteproyecto de ley fue remitido hoy miércoles 4 de febrero al presidente de la Cámara de Diputados para su consideración en el legislativo, como un aporte más para la recuperación de la institucionalidad democrática.