La Paz, 13 de mayo de 2022 .-

Ante la preocupación por el deteriorado sistema de justicia en el país, distintos grupos de expertos se reunieron para generar propuestas de Reforma Judicial. El mes pasado, la Comisión Paceña de juristas independientes presentó su propuesta, la cual consiste en la colecta de un millón y medio de firmas para un referéndum constitucional. La agrupación estuvo dialogando con organizaciones de otros departamentos para cumplir su objetivo.

Este mes, en el evento organizado por Fundación Jubileo y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el político y abogado Carlos Bohrt del Grupo CALI (Conocimiento, Acción y Libertad), también presentó su propuesta que se basa en tres acciones inmediatas para iniciar la reconstrucción de la justicia boliviana: 

1. Suscripción de un Pacto Nacional para la independencia de servicios judiciales entre el Órgano Ejecutivo, partidos políticos, CEPB, COB y CONALAB. 
2. Renuncia del Fiscal General y miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. 
3. Designación rápida de nuevos magistrados en base a convocatoria de elecciones judiciales encabezada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Para este grupo, la crisis de la justicia boliviana se manifiesta en distintos puntos preocupantes: una retardación de la justicia por un sistema altamente burocrático, deficiencias estructurales y poca formación de los operadores de la justicia; la corrupción estimulada por el tráfico de influencias, tanto por intereses económicos como políticos; la falta de independencia e imparcialidad; un débil y poco desarrollado sistema informático y falta de actualización en tecnologías; inadecuaciones organizativas; restricciones presupuestarias, y deficiencias en el capital humano. 

Entre tanto, otra agrupación de profesionales autodenominada “Asamblea Ciudadana para la Reforma de la Justicia”, conformado por profesionales independientes de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Tarija y Beni, también realizó un análisis al sistema judicial, destacando ciertos puntos que se vieron afectados y afirmando que “la crisis de los servicios de justicia en Bolivia es multidimensional y denota ribetes de enorme complejidad”.

La falta de separación de poderes e imparcialidad judicial en las instituciones, extrema debilidad presupuestaria de los servicios de la justicia (0.35%), politización del proceso de selección de las máximas autoridades judiciales, debilitamiento del Estado de Derecho e inseguridad ciudadana y la ausencia de control social sobre actividades jurisdiccionales son los puntos principales destacados en el diagnóstico de esta propuesta y que, a partir de estos, generaron un conjunto de medidas y acciones divididas en dos momentos que se presentan a continuación:

1. Acciones de arranque y viabilidad de la reforma: suscripción de un Pacto Nacional, renuncia del Fiscal General, designación rápida de nuevos magistrados, constituir mesas departamentales de diálogo y una Mesa Nacional de Concertación.
2. Medidas en el ámbito de cambios institucionales: incremento del presupuesto del Órgano Judicial al 3%, modificar metodología de designación de jueces basada en la meritocracia, disponer una central computarizada para tener copias de sentencias emitidas y facilitar el estudio y control de éstas.

Las propuestas presentadas por iniciativas de expertos civiles son un claro ejemplo de la preocupación que muestra la ciudadanía por la justicia deteriorada en el país. Se espera que el Gobierno tenga la predisposición de dialogar sobre cada propuesta y mejorar el sistema judicial en mediano plazo.