La Paz, 25 de marzo de 2022.

La denominada iniciativa ciudadana de “Monitoreo a la Justicia” presentó a principios de marzo una propuesta para el seguimiento a la elección del Defensor del Pueblo. La Asamblea Legislativa tuvo retrasos en la aprobación del reglamento para la designación de esta autoridad debido a roces entre fuerzas políticas. Finalmente, el martes 15 de marzo fue aprobado el documento.

Hasta la fecha se tienen dos postulaciones para este cargo. El primer postulante es Ramiro Rafael Sanjinés, quien estaba inscrito en la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo. Posteriormente, Cyborg Kanashiro Bronnks presentó su postulación, quien se dedica a la medicina tradicional y tiene estudios en Derecho. 

También se dieron a conocer algunos nombres de ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse, como la exdiputada del MAS Lidia Paty y la representante de Mujeres Creando, María Galindo; sin embargo, aún no presentaron sus postulaciones. La etapa de postulaciones culminará el 1 de abril. 

Paralelamente, “Monitoreo a la Justicia” está al tanto del avance y desarrollo del proceso de preselección de los postulantes para que la ciudadanía conozca a los aspirantes a Defensor o Defensora del Pueblo

“La idea principal es contribuir desde la sociedad civil a que el reglamento cuente con todas las condiciones para una selección basada en méritos y, por otro lado, instalar una veeduría ciudadana durante la fase de evaluación, pre-selección y designación (del Defensor del Pueblo)”, explica Susana Saavedra, representante de la iniciativa ciudadana. 

El documento presentado por la iniciativa ciudadana a la Asamblea contiene siete criterios que pretenden aportar al proceso desde observaciones al reglamento como tal. Entre estos puntos se encuentran el seguimiento a las condiciones de transparencia, garantizar la apertura al escrutinio público y de evaluación, y asegurar un perfil correcto del Defensor o Defensora del Pueblo. 

Las observaciones y propuestas que se presentaron al perfil de los postulantes se traducen en las necesidades y desafíos de derechos humanos que tiene el país. El requerimiento que propone la iniciativa es una alta capacidad de formación en el tema y una experiencia combinada con el conocimiento. 

Otros puntos a considerar en el perfil son la imparcialidad; la disposición de apertura al escrutinio público; propuestas con alto valor en defensa del pueblo; ausencia de declaraciones o actos de racismo, discriminación o vulneración de derechos, y un principio de moral tanto en su vida privada como pública; además de la no militancia en partidos políticos. 

La representante de esta iniciativa afirma que se espera que la propuesta ayude a que el diálogo se haga presente en el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo, que sea imparcial y transparente y que la ciudadanía acompañe para conocer a su próxima autoridad y tenga su propio criterio. 

“Monitoreo a la Justicia” es una iniciativa ciudadana conformada por 14 instituciones, organizaciones y ONG’s -actualmente la OCD Bolivia forma parte- que ya trabajó anteriormente con veedurías ciudadanas como un mecanismo de seguimiento y monitoreo a la designación de autoridades judiciales y electorales. 

Foto: diputados.bo