La Paz, 3 de junio de 2022.-

La propuesta de reforma a la justicia, planteada por profesionales independientes, sería presentada en junio al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional para acceder a los libros de firmas que serían llenados en los próximos meses.

“Es una propuesta que está siendo debatida, socializada y consensuada. Hay varios aportes y observaciones que van a concurrir a la elaboración a principios de junio para tener una propuesta final introducida al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional”, explica Juan Del Granado, miembro del equipo de juristas independientes del Comité de La Paz.

En los últimos meses se conformaron comités en todo el país, los cuales presentaron sus propios análisis y propuestas. Al mismo tiempo, se desarrollaron seminarios y talleres para difundir esta iniciativa y llegar a un consenso ciudadano en torno a una propuesta más completa para la elaboración de la propuesta final. Para la elaboración de la propuesta final se espera la realización de un encuentro nacional de comités para que, de manera colectiva, se apruebe el documento que será presentado ante las autoridades respectivas.

“En febrero ya se empezaron a conformar en el país los comités departamentales para la reforma. (…) Esta es una reacción muy positiva porque ha sido una primera respuesta de varios colegios de abogados, algunos comités cívicos, instituciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y hasta organizaciones de carácter sindical.”, informa Del Granado e indica que ya se conformaron comités en Oruro, La Paz, Potosí, Sucre, Pando, Tarija y están en vías de conformación en Beni y Santa Cruz.

La propuesta sostiene eliminar la atribución legislativa de selección de postulantes

Del Granado indica que la propuesta inicial fue presentada al presidente Luis Arce y al ministro de justicia, sin embargo, no tuvieron mayores respuestas por la complejidad de ésta y por una supuesta vinculación de los juristas con la oposición, según el partido de gobierno.

Por otro lado, tomando en cuenta el actuar de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el proceso de selección del Defensor del Pueblo, Del Granado explica que la misma ALP ha perjudicado el proceso por intereses partidarios, y que lo mismo podría suceder con otros procesos de selección como el del Contralor del Estado, el Fiscal General y los magistrados.

“Esta selección de postulantes, partidaria, burocrática y manipulada fue la que malogró en dos oportunidades la elección popular de los jueces supremos, primero en 2011 y luego en 2017. Ese es el razonamiento que sustenta en parte nuestra propuesta de reforma: eliminar la atribución legislativa de selección de postulantes”, explica Del Granado.

Según esta propuesta de reforma judicial, la ALP no es el lugar para seleccionar a estas autoridades debido a la composición partidaria que impide la designación de personalidades capaces y con méritos para estos altos cargos. Lo que se plantea es que se entregue esta atribución a una comisión nacional ciudadana, inscrita en la Constitución y que sea absolutamente independiente.

“El gobierno no tiene norte respecto a la reforma judicial”

Desde el mes de enero, el presidente Arce y, paralelamente, el ministro de justicia, anunciaron el desarrollo de una tercera Cumbre de Justicia que debía realizarse en marzo y donde se iba a elaborar una propuesta de reforma. A finales de febrero, se postergó indefinidamente el evento y no se tuvieron más noticias al respecto, denotando que el gobierno dejó de lado la crisis de justicia en el país, según Del Granado.

A raíz del informe final del relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, en el que destaca la falta de independencia en la justicia boliviana y la alta desconfianza entre actores políticos y sociales, en la que además recomienda 20 puntos claros para acabar con la crisis del órgano judicial, el gobierno ha afirmado que se realizará una nueva propuesta de reforma en los próximos días.

“Es muy visible la falta de norte del gobierno respecto a la reforma judicial, la cual es trágica. Lo que vivimos es una crisis, una tragedia judicial. No hay otra manera que impulsar desde la sociedad una verdadera reforma. Estamos con la difusión y socialización de la propuesta, ahora con su debate a nivel departamental, con consensos a la propuesta final y ojalá después de eso con los libros en las calles”, concluye Del Granado.