REGLAMENTO CIUDADANO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (2023)

En un momento en que no se avizora la posibilidad de que las Comisiones Mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional lleven adelante un proceso de preselección de candidatos a magistrados judiciales objetivo e independiente, que responda a la urgente necesidad de contar con candidatos a jueces probos e idóneos, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia inicia un trabajo de vigilancia e interpelación a las decisiones de los Órganos del Estado involucrados en el proceso de elección de autoridades para el sistema judicial.

En este contexto y después de haber analizado el apego a la Constitución Política del Estado de los dos reglamentos emitidos por las Comisiones Mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Alianza OCD presenta una propuesta ciudadana del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, basada en el segundo Reglamento Aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante R.A.L.P. N° 007/2022-2023 y ajustada sobre la base de principios de transparencia, idoneidad, inclusión e independencia, considerando además aquellas recomendaciones emitidas por diferentes organizaciones e instituciones nacionales e internacionales luego de los procesos de preselección de 2011 y 2017.

Hoy en la madrugada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y en detalle el Proyecto de Ley N°363/2022-2023 “Transitoria para garantizar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Ambiental y Consejo de la Magistratura” que reduce los plazos para la preselección de candidatos y la organización del proceso electoral, ignorando una vez más recomendaciones emitidas desde diferentes organismos nacionales e internacionales para elevar la calidad del proceso. El Informe de la Misión de la Organización de Estados Americanos en 2011 fue “Ampliar el período de tiempo para la convocatoria, revisión de requisitos, evaluación de credenciales y entrevistas a los postulantes a los altos cargos del órgano judicial a fin de que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga el tiempo suficiente para que dichos procesos se realicen a cabo con mayor detalle y profundidad, evitando que el cumplimiento de los plazos sea más importante que una evaluación exhaustiva de los expedientes de los y las postulantes”.

De la misma forma, los principios de idoneidad, transparencia, inclusión e independencia han quedado sin consideración en las dos versiones de los reglamentos emitidos por las Comisiones Mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en marzo y abril de este año, al no garantizar la elección de jueces independientes, libres de influencias, conflictos de interés o presiones políticas; al no permitir que la participación ciudadana a través de comisiones técnicas tenga efecto vinculatorio; al permitir la re postulación de actuales autoridades judiciales; al no exigir la no militancia partidaria; al discriminar la participación de candidatos de naciones indígena originarios campesinas; o al no considerar dimensiones como la de gestión de gobierno, disciplina de los jueces o su relación con otros poderes políticos en la elaboración de preguntas para la evaluación escrita, más allá de conocimiento teórico de las normas.

Por lo tanto y ante la posibilidad de que se actúe nuevamente bajo un reglamento que no cumpla con las mínimas exigencias que permita contar con candidatos con idoneidad, experiencia, trayectoria y méritos, ponemos en conocimiento de los presidentes de las Comisiones Mixtas, de los medios de comunicación y de la ciudadanía, una propuesta ciudadana de reglamento que incorpora -en 20 artículos- gran parte de las recomendaciones de expertos y de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que sea considerada en la elaboración de este instrumento tan importante que guiará el proceso de preselección de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Ambiental y Consejo de la Magistratura.

Consideramos que es una responsabilidad de la ciudadanía, de acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Estado, participar de forma activa en procesos que deben ser democráticos porque definirán el futuro de la justicia en nuestro país.

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