La Paz, 14 de febrero de 2023.-
En marzo de este año se cumplen dos años desde que un grupo de ciudadanos se reunieron para elaborar una propuesta de reforma judicial, a raíz de la agudización de la crisis que el sistema judicial boliviano atraviesa y el “no cumplimiento del gobierno de transformar la justicia”, como afirma el Dr. José Antonio Rivera, abogado constitucionalista, exmagistrado del Tribunal Constitucional y miembro de la agrupación de juristas independientes.
El abogado Rivera señala que, junto con Juan Del Granado y Jorge Asbún tuvieron una reunión a principios del 2021 con ciudadanos de Cochabamba que manifestaron sugerencias y pedidos para hacer algo por el sistema judicial ya deteriorado. A partir de este encuentro, surgió la idea de reunir a profesionales en el área de justicia y derecho y sus diferentes ámbitos, con amplia experiencia y de toda Bolivia.
Juristas y expertos del ámbito de la justicia jurisdiccional, de defensa de derechos humanos, de práctica jurídica y política y de la justicia indígena originario campesina realizaron un diagnóstico de la situación de la justicia boliviana para después identificar las causas que generan fallas en el sistema judicial y, de esta forma, elaborar una propuesta de líneas de acción para transformar estructuralmente la justicia.
Democracia participativa y referéndum popular – vía para poner en marcha el proceso
Los juristas independientes marcaron una hoja de ruta con acciones inmediatas y de largo alcance que permitan enfrentar el problema a partir de las causas ya identificadas, para tener soluciones que resuelvan problemas institucionales, económicos financieros, administrativos y de orden legislativo.
La solución que proponen es la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) de al menos 15 artículos referidos a la justicia. Los expertos esbozaron un texto normativo para la reforma y, para lograr su objetivo, determinaron que la vía era el ejercicio de la democracia participativa a partir del mecanismo del referéndum popular, establecido en el art. 11 de la CPE:
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
20% del padrón electoral y 90 días para lograr 1.5 millones de firmas
Para hacer esto posible se necesitan firmas del 20% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, lo que significa casi 1.5 millones de firmas en toda Bolivia. El plazo para conseguir esta cantidad de firmas es de 90 días calendario.
En octubre del 2021 se hizo pública la propuesta de reforma judicial por iniciativa ciudadana; los juristas hicieron conocer a las autoridades nacionales, a organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan en materia de justicia y defensa de derechos humanos además socializaron la propuesta para recoger críticas y sugerencias para mejorar el texto.
Una vez analizadas las sugerencias y mejorada la propuesta, el 28 de julio del 2022 “oficialmente un grupo de ciudadanos y ciudadanas presentamos la propuesta de reforma parcial de la Constitución por iniciativa ciudadana ante el Tribunal Supremo Electoral”, afirma Rivera.
De acuerdo al reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un plazo máximo de 30 días, esa instancia debió presentar una respuesta sobre la viabilidad o no de la iniciativa, revisando si la propuesta está dentro de los temas para referéndum popular constitucional y pronunciarse sobre las preguntas.
Rivera explica que el TSE no cumplió con el plazo definido, pues fue recién en octubre de ese año que enviaron a los juristas las correcciones de las preguntas, realizadas por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), a lo que los juristas aceptaron casi de inmediato y enviaron su respuesta positiva.
A partir de esta respuesta, el TSE debió pronunciarse y emitir una resolución que apruebe las preguntas y que ordene la entrega del formato del libro de firmas para que los promotores puedan imprimir y notariar la cantidad de libros necesarios; nuevamente, la instancia tardó en dar una respuesta y hubo un error en el plazo para la impresión y entrega de libros, por lo que los juristas objetaron.
En noviembre, el TSE envió la respuesta, sin embargo, el reglamento indicaba que los libros -alrededor de 15.000- debían ser intervenidos por parte de un notario de fe pública en el acta de apertura y cierre, lo que generaría un costo económico elevado -alcanzaba casi el millón de bolivianos- para que un grupo de ciudadanos pueda costearlo.
A solicitud de los juristas, la instancia hizo una reforma al reglamento para que sean el Secretario de Cámara y, en su caso, los Secretarios de los Tribunales Departamentales los encargados de notariar los libros, lo que generó un nuevo retraso; recién a finales de diciembre que los promotores tuvieron el visto bueno para iniciar la recolección de firmas.
Finalmente, el 25 de enero se dio inició a la gran cruzada nacional para la recolección de firmas de adhesión de ciudadanos y ciudadanas que apoyen la iniciativa. Los juristas esperan conseguir las firmas en el plazo correspondiente (a finales de abril) y llegar al referéndum en agosto o septiembre de este año, así reformar el sistema judicial antes de las Elecciones Judiciales.
Accede al documento completo de la propuesta de reforma judicial que elaboraron los juristas independientes haciendo click en el botón: