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La Paz, 1 de septiembre de 2023 .-

La falta de voluntad política para realizar las Elecciones Judiciales fue una de las conclusiones a la que llegaron diferentes expertos y analístas políticos, entre otras miradas de preocupación a la inminente crisis en el sistema judicial boliviano y la parálisis del proceso de preselección de candidatas y candidatos para las Elecciones Judiciales desde finales de abril.

Ante este escenario, la Veeduría Ciudadana, iniciativa de la Observación Ciudadana de la Democracia y en alianza con Fundación Jubileo, Construyendo Redes para el Desarrollo, Red UNITAS, La Ruta de la Democracia y la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos, organizó el conversatorio virtual denominado “Elecciones Judiciales 2023: Consecuencias para la Democracia y el Estado de Derecho”, en el que participaron siete analistas que expusieron sus percepciones sobre la situación de la justicia y este proceso de elecciones judiciales.

Como invitado internacional estuvo el chileno Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación del proceso de selección de la Corte Suprema de Honduras, y como invitados a nivel nacional estuvieron Franklin Pareja y Jimena Costa, politólogos; Hernán Cabrera, periodista; William Herrera y Ramiro Orías, juristas, y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Arellano inició el evento con un punto de vista externo, describiendo el sistema de jueces inamovibles que tienen otros países de la región, el cual tiene como punto positivo que estos jueces, después de ser elegidos, no tienen que devolver favores políticos a los que los eligieron y practican el “deber de ingratitud”. Sobre la situación actual en Bolivia y el posible vacío de poder en el Órgano Judicial, explicó que las acciones deben ser constotucionales y que, según el derecho público, si el mandato termina, los funcionarios deben abandonar sus cargos y se deben tomar varias acciones en el marco constitucional, como interinatos.

Además, expresó que el sistema de elección de jueces y magistrados por voto popular tiene un problema sustancial, el cual no cumple con la noción de que las decisiones judiciales pueden llegar a ser contramayoritarias; es decir, los jueces deben resolver los casos, incluso, en contra de la opinión mayoritaria, pues se debe actuar conforme al derecho. En cambio, en una elección popular, los jueces se presentan para ser figuras populares, actuando en favor de sus allegados, cuando deberían ser independientes.

Franklin Pareja también hizo referencia a la elección de jueces por voto popular, afirmando que la población “solo vota, no elige”, pues explicó que en las dos elecciones judiciales anteriores (la de 2011 y 2017), más del 60% de los votos eran nulos o blancos y que, además, la población no sabía por quién o para qué estaba votando. Calificó el proceso como “funesto” y añadió que el “somos prácticamente un Estado inconstitucional de no derecho, lo cual nos encamina a un Estado fallido”.

Por otro lado, y desde la mirada nacional que coincide con la de Arellano, los analistas coinciden en que cualquier solución debe ser constitucional, sin embargo, no ven voluntad política en los asambleístas debido a la fractura interna del MAS, que vela por sus intereses para prorrogarse en el poder, lo que deja esta situación en un “punto muerto”. Así lo describió William Herrera, quien también resaltó que si después del 31 de diciembre -fecha en el que termina el mandato de los actuales magistrados- no se posesionan las nuevas autoridades, se caerá en la inconstitucionalidad.

En la misma línea se encuentra Jimena Costa, quien afirmó que cada fracción utiliza la justicia para frenar a la otra y que el MAS no tiene interés en realizar la elección por seguir “cuidándose la espalda en la pelea interna”, por lo que los comicios no son una prioridad y, por tanto, cualquier solución para la fecha de elecciones será inconstitucional. “Esto demuestra que cada año avanzamos hacia la constitución de una democracia nominal por encima de una real”, añadió la analista.

Crisis en la justicia boliviana

Sin embargo, la crisis más grande radica en el sistema judicial, no en la elección de magistrados. Rodríguez Veltzé aseguró que el sistema judicial se vino torciendo para satisfacer intereses políticos y personales y que “el problema de fondo es el diseño del control judicial en la constitución”. Lo que el expresidente afirma es que la elección de 26 ciudadanos no va a resolver la crisis judicial, sino que se debe intervenir en el tratamiento de la misma justicia.

Pareja, por su parte, afirmó que aunque no se prorroguen los jueces y haya elecciones, la situación judicial no mejorará, pues las elecciones judiciales promueven que personas no aptas y serviles a intereses políticos entren a los cargos. En ese sentido, mencionó la propuesta de la UMSA, la cual consiste en implantar una batería de preguntas que sean públicas para preseleccionar candidatos, en un proceso en el que los legisladores y los postulantes no se vean las caras, de esta forma, el proceso será más objetivo y transparente.

Desde el punto de vista periodístico y de derechos humanos, Hernán Cabrera, además de mencionar varios casos impunes en Bolivia desde feminicidios y violencia intrafamiliar -en los cuales incluso los involucrados son actores políticos- también citó algunas encuestas para demostrar que la ciudadanía no confía en la justicia boliviana, ya que las autoridades judiciales convirtieron la justicia en un instrumento del poder económico y político, cuando “debería ser el pilar fundamental de una sociedad igualitaria, donde todos tienen el mismo derecho a recibir y ser sometido a la justicia”.

Ramiro Orias, quien participó como moderador del evento, mencionó la propuesta de los juristas independientes de conformar una Comisión Nacional de Constituciones, esto para que el proceso de escrutinio y de elección concluya de manera exitosa para el país. Para Orias todavía no se han agotado todos los recursos y afirma que está en manos de los actores políticos cumplir con las condiciones para que este proceso de elecciones se lleve con la mejor calidad y rigurosidad posible, para devolverle al sistema judicial su protagonismo en el ámbito político.

Por último, y para cerrar el conversatorio, la abogada de UNITAS y representante de la Veeduría Ciudadana, Claudia Terán, mencionó también que es necesario el ejercicio de derechos políticos y de libertad de expresión, así como la exigibilidad responsable como ciudadanos, pero no solo en procesos electorales, sino hacia una reforma integral de la justicia boliviana debido a la crisis judicial reflejada en “la alta proporción de personas privadas de libertad y que no cuentan con sentencia, la ausencia de autoridades judiciales en el ámbito rural, la falta de presupuesto, la ausencia de garantía para el ejercicio efectivo de la justicia indígena”.