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La Comisión Paceña conformada por diez juristas independientes preparó una propuesta de Reforma Judicial y se encuentra en proceso de diálogo con varios sectores de la sociedad en todo el país para conformar Comités Departamentales. De esta forma, el trabajo  se iniciará con la recolección de firmas, que debe llegar a casi un millón y medio para que se pueda llevar a cabo el referéndum a finales de este año o a principios del siguiente.

“Hay una profunda crisis que atraviesa el sistema de justicia. (…) Hemos trabajado durante varios meses, no solamente en un diagnóstico de la justicia en Bolivia, sino en una propuesta de reforma de la misma para intentar atacar los males estructurales de la justicia que no son recientes, pero se agravaron en los últimos diez años”, explicó Juan Del Granado, integrante de esta comisión. 

El objetivo de la propuesta es llegar a un referéndum constitucional por iniciativa popular, es decir, una iniciativa desde la sociedad civil. Esta idea, explica Del Granado, surge de tres problemáticas encontradas en el sistema judicial: falta de independencia, presupuesto designado insuficiente y mecanismos de la justicia indígena recortados. 

La primera problemática, además de la falta de independencia de los administradores de justicia, es la falta de idoneidad y el sometimiento político. Para resolverlo, la propuesta presentada habla de una forma distinta de elección y selección de magistrados supremos del Órgano Judicial a partir de los méritos.

El segundo punto se trata del presupuesto al sistema de justicia, cuya parte es del 0,5% del total del presupuesto general del Estado, cifra que no permite buenos salarios a los 1100 jueces de todo el país, explica Del Granado. Entonces, la Reforma Judicial propone un incremento presupuestario del 3% que esté inscrito en la Constitución Política del Estado y para que haya más acceso a un sistema de justicia de calidad y en todo el país.

“Uno de los males de nuestra justicia es la carencia de presupuesto para entregarle a la población un servicio digno. Tenemos 1100 jueces en todo el país que están concentrados, principalmente, en las capitales del país y sus salarios son residuos y la situación de la infraestructura es precaria”, afirmó Del Granado.

Por último, la tercera problemática se trata de la falta de acceso a la justicia de las personas de bajos recursos y de los pueblos indígena originarios, además de un recorte en los mecanismos y competencias de la justicia indígena; por lo que se plantea que se restituya en la Constitución los jueces de paz y los jueces ciudadanos para resolver diferencias en su comunidad de manera amigable por la vía conciliatoria.

“El planteamiento es revitalizar la justicia indígena originaria, que es una justicia ancestral. Nuestras naciones y pueblos originarios han tenido siempre mecanismos propios de administración de justicia; esto ha sido reconocido en la Constitución, pero se ha introducido el concepto de deslinde jurisdiccional, que significa separar la justicia ordinaria de la originaria, pero al hacerlo se han recortado las competencias de la justicia indígena originaria”, explicó el abogado.

Para llevar adelante esta propuesta, el equipo de juristas se encuentra en un proceso de difusión y consenso con la sociedad civil a través de Comités Departamentales integrados por profesionales, dirigentes, ciudadanos de a pie, entre otros, en los nueve departamentos para comenzar a recabar libros con un millón y medio de firmas el segundo semestre de este año y conseguir el objetivo hasta los últimos meses o a inicios del siguiente año.

Una vez lograda la recolección de firmas y entregados los libros al Tribunal Supremo Electoral para su verificación de autenticidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encargará del control jurisdiccional y, posteriormente, será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien deberá convocar en 30 días calendario al Referéndum Nacional.