La necesidad de un control social en las entidades públicas radica en que la ciudadanía tiene el derecho a conocer sobre los temas de gestión pública, legislación y fiscalización que sus representantes elegidos elaboran para el desarrollo del país.
En el caso legislativo, los ciudadanos deberían tener el acceso libre a cualquier tipo de sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para participar como observadores, ejercer su derecho de control social e informarse sobre la producción normativa. No obstante, esta instancia ha limitado el acceso a la gente debido a un funesto acontecimiento sucedido a principios de los 2000.
El 30 de marzo del 2004, durante el pleno en el Palacio Legislativo, un ex minero conocido como Eustaquio Picachuri se inmoló el cuerpo con una dinamita como forma de protesta a la deshumanización de las políticas económicas de aquel tiempo. En el suceso fallecieron dos policías y varias personas resultaron heridas.
Desde aquel lamentable incidente se estableció un sistema de seguridad “absurdo” calificado así por Ximena Costa, ex asambleísta y conocida analista política. El nuevo sistema solo permite el ingreso con permiso de senadores, diputados o solo a afines al oficialismo, mostrando el carnet de identidad y firmando en un libro de registros.
“Esto no garantiza que una persona invitada no pueda tener una dinamita, no hay un sistema de seguridad que los haga pasar por un máquina para ver si no están armados. En realidad es un poco simbólico. Seguridad no es. El que presentes el carnet y lo dejes en la puerta (…) en realidad no garantiza nada, es un poco absurdo”, manifiesta Costa.
Por otra parte, Bolivia es uno de los tres países en Latinoamérica que no tiene una ley que ampare el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos – junto con Cuba y Venezuela; pero, uno de los principios de funcionamiento de la Asamblea Legislativa es la publicidad, es decir, deberían ser las sesiones actos públicos, con excepciones de las sesiones de reserva.
“Deberían haber mecanismos de seguridad que permitan ingresar a cualquier ciudadano para participar de las sesiones, no para participar opinando, sino a poder observar”, expresa la ex asambleísta.
Por la poca apertura de la Asamblea, el control social se debilitó, algo perjudicial para la sociedad, ya que el ciudadano debe conocer lo que las autoridades hacen en su gestión y reclamar sus derechos y garantías.
Costa explica que, por esa razón, el monitoreo desarrollado por la OCD en estos meses es muy importante y un proyecto que podía brindar a la sociedad muchas herramientas para el control social. Sin la apertura de la Asamblea, los monitores sólo podrán hacer el seguimiento a uno de los cuatro tipos de sesiones que deberían estar abiertas al público.
Sesiones y composición de la ALP
La Asamblea Legislativa Plurinacional se divide en dos cámaras: la cámara alta compuesta por senadores y la cámara baja compuesta por diputados. A su vez, estas cámaras se dividen en comisiones, según los temas a tratar, y éstas en comités. Cada comité debe tener sesiones cinco días a la semana aproximadamente, para tratar los proyectos de ley que se les remite.
Posteriormente, las comisiones deben tener otra sesión para analizar los proyectos de ley en tratamiento y, luego, llevar los proyectos a la sesión camaral. Una vez revisado el proyecto, será llevado a la sesión de Asamblea, es decir, sesiones de ambas cámaras para aprobar la ley.
En resumen, existen cuatro tipo de sesiones en la ALP: sesión de comité, sesión de comisión, sesión camaral y sesión de Asamblea. Adicionalmente, también existen las sesiones de brigadas departamentales, donde se reúnen todos los asambleístas de un departamento, sin importar su partido político.
La intención del seguimiento de la OCD es llegar hasta las sesiones de comités y analizar desde el principio el tratamiento de las normas; no obstante, el trabajo se adaptará al seguimiento de las sesiones camarales de diputados y a las sesiones de Asamblea, conjuntamente con un análisis a los proyectos de ley disponibles en el sitio web.