• La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo de la Justicia elaboró una propuesta de reglamento para la selección de una autoridad bajo criterio de independencia y meritocracia

Ante la crisis de legitimidad de la Defensoría del Pueblo, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo de la Justicia ha elaborado una propuesta de reglamento para la preselección del Defensor del Pueblo, que incorpora criterios que garanticen la selección de una autoridad proba, independiente e imparcial frente a los poderes del Estado.

“Propuesta de acompañamiento al proceso de selección del Defensor o Defensora del Pueblo” se denomina el documento elaborado por la plataforma Iniciativa Ciudadana conformada por varias instituciones de la sociedad civil; planteamiento que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus dos Cámaras: Senado y Diputados.

El objetivo principal es promover un proceso de acompañamiento ciudadano a la selección y designación del titular de la Defensoría del Pueblo, a partir de acciones de veeduría, incidencia, debate público y difusión de información, que contribuyan a fortalecer las posibilidades de una designación basada en méritos y en criterios de especialización, idoneidad, y compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, explicó que el país enfrenta una crisis de legitimidad sobre todo en las instituciones públicas, la Justicia, la Defensoría del Pueblo, porque “no han cumplido con su correcta labor”.

En ese contexto la Defensoría del Pueblo “juega un rol muy importante en la defensa de los derechos, las libertades fundamentales, frente a las normas y abusos de las instituciones públicas”, afirmó Saavedra.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo de la Justicia ha realizado esta labor en otros procesos como la selección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo tanto, “tenemos la experiencia y muchas lecciones aprendidas” que sirven para mejorar las propuestas de cara a esta nueva designación que realizará la Asamblea, sostuvo.

Se pretende que la mayor cantidad de redes institucionales, colectivos y sectores académicos se sumen a esta iniciativa “para que sea todo un movimiento de la sociedad civil”. En esa línea la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia, se sumó a la plataforma.

Este pasado martes, la OCD, organizó la primera Mesa Técnica de Institucionalidad Democrática sobre la Elección del Defensor del Pueblo, de la que son parte varias instituciones como Prisma, Fundación Construir, Fundación Jubileo, Construyendo Redes para el Desarrollo, Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, Foro Político Departamental de Cochabamba, Asociación Nacional de Periodista de Bolivia.

También participaron las Carreras de Ciencias Políticas y Gestión Pública, Comunicación y Derechos de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Mayor de San Simón, Universidad de Amazónica de Pando, Universidad Gabriel René Moreno, Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Privada Boliviana; e invitada Univalle.

La Mesa Técnica tuvo como objetivo socializar y enriquecer la propuesta de cara a la selección y designación del futuro Defensor o Defensora del Pueblo. Las instituciones participantes hicieron diferentes contribuciones en el afán de que el proceso de convocatoria y selección responda a criterios de meritocracia y solvencia personal.

Elementos para el reglamento de selección de candidatos a la Defensoría del Pueblo

Saavedra detalló que se propone un perfil de la autoridad que asuma la titularidad de la Defensoría, la que debe tener una alta calidad moral, personal y profesional; independencia e imparcialidad a nivel personal e institucional; una experiencia y reconocida trayectoria.

Asimismo, debe tener compromiso con la transparencia y el escrutinio público; respeto y trayectoria con la defensa y protección de los derechos humanos y los valores democráticos; y alta capacidad de gerencia y liderazgo.

Saavedra señala que no es suficiente el criterio de “filiación política”, es decir, que los aspirantes al cargo no pueden tener una procedencia política, sino que también debe existir una “política de conflicto de intereses”, para evitar que personas que ocuparon cargos de confianza en ministerios o en otras instancias de decisión se postulen.  

En relación al puntaje “Hemos propuesto un puntaje mínimo, no hemos decidido cual va a ser, pero por lo menos creemos que de 75 puntos para arriba pasen a la terna, es decir, los que tengan mejor calificación”, acotó la directora de Construir.

Sobre el proceso de evaluación, la Iniciativa Ciudadana cree que debe tener un enfoque de percepción sobre la Defensoría del Pueblo sobre su fortalecimiento y los desafíos para consolidarla en sus objetivos, más que preguntas básicas sobre la Constitución Política del Estado, el derecho o las normas referidas a esta institución.

También plantean que existan plazos adecuados e información oportuna para la impugnación de candidatos y candidatas, con la intención de facilitar la mayor participación ciudadana, toda vez que en otros procesos se ha establecido días de fin de semana, dificultando la obtención de documentación que sirva para la impugnación.

Por otra parte, presentarán una propuesta para realiza la “veeduría” a todas las fases del proceso de selección. Acompañarán con otras acciones como foros de discusión, la elaboración y publicación de una separata con los perfiles de todos los candidatos y si no se descarta un foro con todos los candidatos.

Susana Saavedra considera la necesidad de que en este proceso exista un “consenso” entre todas las fuerzas políticas, más aún porque según la Constitución Política del Estado la designación del Defensor del Pueblo requiere dos tercios.

“Estamos apostando para generar ese consenso para que todas las fuerzas políticas comprendan que el país necesita una institución solvente, con un o una profesional idónea que pueda facilitar un proceso transparente en la conducción de esta importante institución”.

El defensor del Pueblo es elegido en la Asamblea Legislativa Plurinacional de un proceso de preselección “meritocrático”. Aunque el último tuvo varias observaciones por la afinidad de David Tezanos Pinto con el Movimiento al Socialismo, quien renunció en medio de un escándalo marital.

Tezanos Pinto no era el candidato que mejor calificación obtuvo. Ocupó varios cargos en entidades públicas, como el Ministerio de Justicia y la Contraloría General del Estado.

Tras su dimisión, la Asamblea designó con carácter interino a Nadia Cruz, desde que asumió el cargo han transcurrido dos años y siete meses, todo ese tiempo la Defensoría del Pueblo no ha tenido una autoridad titular.

Foto: Correo del Sur